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Hoy finaliza el contrato de Eventos Petxina con el Elche CF. Uno de los contratos más singulares y que actualmente se encuentra recurrido ante el Tribunal Supremo, que generó mucha polémica en su momento. Un 23 de noviembre de 20011, José Sepulcre acordaba con la empresa vinculada con Juan Anguix la inyección de 800.000 euros a través de un préstamo, pero con unas contraprestaciones demasiado elevadas para el club: un 50 por cien de los traspasos de la entidad iban a parar a las arcas de la sociedad valenciana y una cláusula de rescisión del contrato de 3 millones de euros. 

Hace ocho años, el club buscó esta inyección económica para completar una plantilla que posteriormente consiguió tocar las mieles del ascenso a la Primera División. Hasta ese momento, esa ayuda alivió las cuentas de la entidad. Pero, los problemas con Eventos Petxina empezaron a surgir a raíz del descenso administrativo y la entrada del club en el proceso concursal.

El Elche consiguió en primera instancia que un juzgado le diera la razón para la rescisión del contrato sin la necesidad de tener que pasar por el peaje de las diferentes operaciones que se dieron en aquel tiempo, como el traspaso de Jonatas de Jesús, por ejemplo, a la Real Sociedad o las posteriores salidas de jugadores como Sergio León por 1.8 millones a Osasuna o Sory Kaba al Dijon por 4 millones. Evenetos Petxina reclama la mitad de los traspasos de estos jugadores.

Pese a las críticas del administrador concursal, Carlos Pérez Pomares que cuestionó en su momento la legalidad del acuerdo, el club decidió acudir a la vía judicial. Pero, el pasado 9 de noviembre de 2017, la Audiencia Provincial de Alicante frenó las expectativas con una sentencia en contra. El juez anuló la sentencia del juzgado de lo mercantil y dictaminó que el contrato no era un préstamo sino la venta de unos derechos.

El Elche mantiene que el contrato firmado en su momento fue un préstamo para la llegada de Juan Anguix al consejo de administración. Era su moneda de pago para poder estar a la altura de las circunstancias y poder aportar dinero al club para acaparar protagonismo en la toma de decisiones.

Pasados ocho años de la firma del contrato, al menos, el club se quita un peso de encima pero el problema sigue estando presente. Queda por resolver el asunto en el Tribunal Supremo. En caso de victoria, se ahorraría un buen puñado de millones de euros, de lo contrario podría recibir un serio revés económico.