Más de 40 abonos requisados

Un comité especializado del Elche ha castigado a cerca de medio centenar de aficionados con la retirada temporal del pase por saltarse el régimen interno de conducta.

Pretender acceder al estadio con un abono de bebé. Intento de atropello a vigilantes del párking interno. Patear butacas con consecuentes daños físicos colaterales. O los insultos racistas proferidos en el partido contra el Granada. Son algunas de las supuestas prácticas llevadas a cabo por abonados del Elche que un comité especializado del club formado por letrados, psicólogos y personal de alto pelaje se dedica a perseguir y castigar. Más de 40 expedientes se amontonan en la mesa de la abogada de la entidad ilicitana, Cristina Birlanga, la encargada de instruir cada uno de los casos en base a una recientemente reformada ‘constitución franjiverde’, un reglamento de régimen interno sobre el que se está determinando el derecho de admisión al Martínez Valero, ya sea el individuo fiel pagador o no.

El último incidente sucedió en Facebook. Empujado por la disconformidad con algunas de las últimas decisiones tomadas por el Consejo de Administración, a Carlos Contreras, socio ejemplar desde hace veinte años, se le calentaron los dedos y sus afiladas blasfemias contra los dirigentes acabaron con una llamada desde el Martínez Valero advirtiéndole de que su asiento en la zona cubierta de Curva Sur quedaba cancelado por dos meses. “Me dijeron que como no había hecho nada parecido antes se quedaba en dos, pero que me lo podían haber quitado entre seis y doce meses. Las formas no fueron las correctas, pero pedí perdón, mostré arrepentimiento y ni con esas. Hasta me dieron la opción de comprarme una entrada”. En un documento de tres hojas con forma de auto judicial fue informado de que había incurrido en una infracción grave por saltarse el apartado b) del artículo 8 del citado código de conducta.

Ahora, Contreras, quien ya ha cumplido un partido de sanción, el del Rayo Vallecano, ha presentado alegaciones y deberá esperar cinco días para saber si le suavizan la pena o, como dice, acudir a la Oficina del Consumidor a denunciar unos hechos que según fuentes consultadas por este medio quedarán reducidos a la nada con prontitud por la junta de expertos que se reúne hoy para tratar el tema. Por encima de ellos, para estos sucesos, la entidad ha diseñado una estructura con un comité de apelación y la directiva como última instancia.

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