La Audiencia Nacional solicita a Hacienda un informe sobre los clubes que tienen deudas tributarias

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El Juzgado Central Contencioso Administrativo Número 9 de la Audiencia Nacional ha concedido al Elche la medida cautelarísima contra la resolución impuesta por el juez de la Liga, que obligaba a la entidad ilicitana a descender administrativamente, y que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) este lunes. En esta vista, en la que están citadas todas las partes implicadas (Elche CF, SD Eibar y Liga de Fútbol Profesional) para el próximo lunes 20 de julio a las 12:00 horas, se decidirá si se mantiene la suspensión provisional ya decretada o si, por el contrario, se levanta la sanción impuesta al Elche.

Además de conceder la medida provisional, el Juzgado ha ordenado a la Agencia Tributaria que libre oficio para que, con carácter de urgencia, remita un informe con la relación de clubes de Primera División que a día de hoy tienen deudas tributarias ya vencidas y no adeudadas.  Con esta documentación requerida por la Justicia ordinaria, se deja entrever que bastaría con un solo club deudor con Hacienda, sin aplazamiento, para dar la cautelar a la entidad ilicitana. En otras palabras, si el magistrado decide mantener la medida cautelar tras el informe de Hacienda, el Elche recuperaría su plaza en Primera, ya que el procedimiento sancionador quedaría aplazado.

Por otra parte, cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya invalidó una sanción de la Liga por deudas con Hacienda. La sentencia, de 27 noviembre de 2001, declaró que “el incumplimiento de deberes contraídos con el Estado por parte de los clubes no puede referirse a toda clase de deberes contraídos por los clubes con el Estado sino exclusivamente a los controlables por la Liga Nacional de Fútbol profesional que sean de su propia competencia”.

El equipo afectado era el Club Deportivo Badajoz S.A.D, que impugnó la resolución de 28 de agosto de 1998, del entonces Comité Superior de Disciplina Deportiva (hoy TAD), que desestimaba el recurso interpuesto por el recurrente contra la decisión de la Comisión de Disciplina Social de la Liga de Fútbol Profesional por la que se impuso a la entidad recurrente una sanción de 5.000.001 de pesetas por incumplimiento de los deberes asumidos con el Estado.

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