Javier Tebas, presidente de la LFP

Una abogada ilicitana tumba la aplicación espía de la LFP de Javier Tebas

Rc Sala de Juegos

La Agencia de Protección de Datos ha sancionado con 250.000 euros a LaLiga de Fútbol Profesional por lo que consideran una violación de los principios básicos de transparencia en la app de móvil que tienen más de cuatro millones de personas en España para seguir en directo los resultados de los partidos.

La aplicación ha sido aprovechada como un ‘dispositivo-espía’ para detectar a los bares que proyectan partidos de fútbol sin pagar. Si el usuario dar su conformidad, una vez instalada la aplicación LaLiga puede activar remotamente el micrófono del móvil de cualquier usuario para que un sistema automático detecte por el sonido ambiente si se encuentra en un bar que emite una señal ‘pirata’.

La app espía de la LFP ha sido tumbada por una abogada ilicitana, Esther Botella, especialista en privacidad y Derecho Digital y Tecnológico que destapó el caso. Todo comenzó meses atrás cuando desde una empresa de seguridad informática de Elche, Servitux, fueron a descargarse la aplicación y se encontraron con un formulario para rellenar unos datos. La sorpresa llegó cuando el usuario se encontró con una cláusula opcional en la que le pedían que aceptara el uso del micrófono y el geoposicionamiento del teléfono advirtiéndole de que esa información se utilizaría para detectar fraudes en establecimientos públicos no autorizados.

Réplica de la LFP

La manera en la que LaLiga avisaba de este procedimiento a sus usuarios ha sido considera como opaca por la Agencia de Protección de Datos, a raíz de la acción de la abogada. Dado que esta función espía de la app implica una escucha, para LaLiga no es tal, del entorno donde se encuentra el usuario, algo que la AEPD interpreta como una recopilación datos personales, el organismo estima que la LaLiga debe avisar al usuario no solo cuando instala la app, sino cada vez que activa esta recogida de datos.

LaLiga, por su parte, niega que haya incurrido en ninguna infracción, ha anunciado que acudirá a la vía judicial y considera que tanto la tecnología que usa como la fórmula para obtener el consentimiento del usuario son comunes en el mercado de las apps y se ajustan a la ley. “Discrepamos profundamente de la interpretación que la AEPD ha hecho hasta el momento de esta tecnología”, aseguran, “y creemos sinceramente que no ha realizado el esfuerzo necesario para entender cómo funciona, ya que ni graba, ni almacena, ni escucha las conversaciones”. “Recurriremos esta resolución”, confirman fuentes oficiales.

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